Créditos: http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Tijuana/051713/17-05-2013_TIJ_23AA.pdf 17 mayo 2013

TIJUANA.- La diputada del Partido Nueva Alianza, Arcelia Galarza Villarino, presentó ante el pleno proposición con punto de acuerdo para que se apruebe la instalación de una Mesa de Trabajo coordinada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social donde en su integración concurran el Ejecutivo Estatal y los cuatro Ayuntamientos que tienen problemas de adeudos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) y las cinco paraestales deudoras a efecto de determinar las acciones tendientes a resolver los adeudos que por concepto del no entero de cuotas y aportaciones mantienen con la institución.

Galarza Villarino expresó que Issstecali atraviesa por una situación financiera compleja ocasionada por el no entero de cuotas y aportaciones por parte de entes públicos y es claro que esta institución carece de un mecanismo legal realmente eficaz para lograr el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Esta situación generó reclamos y protestas por parte de los afiliados al Instituto en el desfile del 1ero de mayo y a este respecto el 7 de Mayo compareció el director de Issstecali ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social dando cumplimiento al mandato del Pleno aprobado en sesión ordinaria.

Aseguró Galarza que en su comparecencia el director del instituto señaló que existen deudas millonarias a favor de Issstecali, hasta por un total de 820 millones 551,562 mil pesos de los cuales 704 millones 981,510 mil pesos corresponden a las deudas de los municipios de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito y Tecate. El resto del adeudo es decir 115 millones 570,052 mil pesos corresponde a cinco paraestatales entre ellas Indivi 35,367,654, CID Mexicali 11,292,442, Inife 2,022,409, Cesp Ensenada 54,534,930 y Cesp Mexicali 12,352,61

Este adeudo ha afectado el pago de prestaciones a burócratas y viene retrasando obras de infraestructura para la Institución, deudas que a su vez están generando falta de liquidez en el organismo y que en el corto plazo, a más tardar en dos meses, a decir de su director Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez pueden colapsar la prestación de los servicios médicos que brinda.

Comentó Galarza Villarino que resulta necesario que mientras se analiza la viabilidad jurídica de dotar a la Institución en su Ley de los mecanismos legales mínimos que le permitan cobrar, se realicen otro tipo de acciones coordinadas para dar una solución pronta y expedita que favorezca a todos los actores involucrados pero sobre todo para los 141,831 derechohabientes y los 8,114 pensionados y jubilados.