El Congreso del Estado emitió un exhorto al Poder Ejecutivo para que genere una recompensa de 100 mil pesos a quien ofrezca datos fidedignos que permitan esclarecer el paradero de la maestra Alexandra Martínez Jaime, desaparecida desde hace 21 días.
Con la presencia de familiares de la joven maestra, el diputado Gregorio Carranza Hernández solicitó una modificación en el orden del día de la sesión del Congreso.

Esto para emitir un llamamiento a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para informar de la recompensa.
El punto resolutivo único se enfocó para que el gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, que representa al Poder Ejecutivo, instruya a la PGJE para que aplique los recursos necesarios para la recompensa de 100 mil pesos.

Además, para que la publicación de dicha recompensa sea publicada en los principales diarios de circulación.
Carranza explicó que a la preocupación de los familiares se suma el cobro que realiza el corralón donde llevaron el auto que pertenece a Alexandra Martínez.

Destacó que el auto no fue analizado con un equipo especializado y tiempo suficiente, con lo que se han descartado pruebas que la unidad pudiera haber aportado a la investigación.
Por su parte, el diputado Juan Bautista Montejano de la Torre comentó que en el mes de diciembre se aprobó una partida especial de 4 millones de pesos para la PGJE, denominada “partida secreta”, para casos como el de Alexandra Martínez.
Explicó que de dicho monto pudieran utilizarse recursos para aumentar la recompensa, así como agilizar y promover la atracción de pruebas que ayuden a la localización de la joven maestra desaparecida hace 21 días.

Es deber de la PGJE

En contraparte, el diputado Carlos Murguía Mejía destacó que de acuerdo al Artículo 21 constitucional, la investigación y persecución de delitos le corresponde al Ministerio Público, quien además tiene a su cargo la Policía Ministerial.
Comentó que no debe de especularse al tenor de una recompensa, porque todos los asuntos tienen igual de importancia.
“Desde el más modesto hasta los más abominables”, expresó.

“Que la Procuraduría ponga ahínco, empeño, eficacia y responsabilidad a la Constitución Política del Estado, sin entrar en temas de recompensa porque tienen obligatoriedad constitucional”, argumentó Murguía.