El día lunes iniciarán la supervisión en escuelas
PARA DETECTAR COBRO DE CUOTAS
Verificarán que se cumpla el acuerdo del gobernador Osuna Millán para eliminar cobro de cuotas escolares
Fuente: www.el-mexicano.com.mx 16 agosto 2009
TIJUANA.- Para verificar que la inscripción escolar no se condicione a las cuotas, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana (PDH) de Baja California y asociaciones de la sociedad civil, iniciarán desde este lunes una supervisión. Se verificará el cumplimiento del acuerdo del gobernador José Guadalupe Osuna Millán para establecer estrategias que eliminen el cobro de cuotas escolares, condicionantes de la inscripción, emitido en noviembre del 2007.
"La intención es verificar el puntual cumplimiento de las indicaciones que establecen la obligación de inscripción sin condicionarla de ninguna manera", señaló Heriberto García García, procurador de los Derechos Humanos. El ombusdman bajacaliforniano llamó a los padres de familia a denunciar todo condicionamiento presentando su queja ante la PDH o bien, ante las autoridades educativas. Los padres de los educandos no deben omitir las quejas, bajo el argumento de que se puedan tomar medidas contra sus hijos.
"Si no se quejan, no se podrá cambiar la situación". Existen informes de padres inconformes pero que para evitar complicaciones, no denuncian estos abusos ante las autoridades. La PDH tiene un programa de verificación de la eliminación de cuotas al que pueden acudir los padres de familia en la institución ya sea personalmente o al teléfono gratuito 01 800 PDHBC (01 800 73422.
El gobernador ordenó a José Óscar Vega Marín, secretario de Educación y Bienestar Social (SEBS) -el primero de noviembre de 2007- la implementación de las estrategias necesarias para acabar con el condicionamiento de las inscripciones o la prestación de cualquier oferta del sistema educativo estatal. Para evitar estos cobros disfrazados de "cuotas voluntarias", el Congreso local destinó recursos extraordinarios a través de los programas de Entrega de Insumos y el programa Beca Progreso.
García García reiteró que es un derecho constitucional la educación, por lo que la retención de documentos en la educación pública limita esta garantía. El condicionamiento de la inscripción, trae sanciones y responsabilidades administrativas para los directivos escolares y de las asociaciones de padres de familia.