TIJUANA. Mesura, acercamiento y evitar llegar a los paros de labor pidió ayer el Secretario de Gobierno, Francisco Blake Mora, quien estuvo como invitado semanal en la Asociación de Periodistas de Tijuana (APT).
Dijo que no quieren llegar a las confrontaciones pues la aprehensión de los dos líderes del SETE no es un “golpe de la institución”, es una situación ínter gremial, es el resultado de una denuncia que 52 integrantes de la sección 37 del SNTE presentaron el 18 de abril de 2006.
Es por eso que piden mesura a los maestros para evitar que, una vez más, los paros de actividades en instituciones educativas puedan afectar el próximo ciclo escolar, razón por la que buscarán acercamiento con el Sindicato.
En este sentido, llamó a los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a seguir laborando por el Estado, incluso –y si así lo desean dejar de pertenecer a la agrupación magisterial a cago de Elba Esther Gordillo, a nivel nacional.
“La relación con el sindicato, en general, y con los maestros es buena, incluso les reiteramos que quienes deseen o no estar inscritos en un sindicato y sí con maestros, pueden llegar al diálogo pues ellos dependen del Estado”, dijo.
Lo que buscarán privilegiar el diálogo, expuso, tal como lo señaló recientemente el gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, quien asume la educación como “la llave del futuro”.
Lo anterior, en torno a la reciente detención de Carlos Antonio Castro García y Héctor Lara Moreno.
Puntualizó en que será un juez quien determine la citación de ambos maestros, aunque “se les brindarán las facilidades para que puedan defenderse, como a cualquier persona en las condiciones que ellos se encuentran”.
Blake Mora, añadió, “desconocen si la profesora Elba Esther Gordillo será llamada para comparecer en torno a este caso”, tomando en cuenta que el fraude lo cometieron dos integrantes del Sindicato que ella representa.
Explicó que el juez a cargo del caso es quien, en su momento, determinará a quién va a citar como parte de las investigaciones, tomando en cuenta que se trata de un presunto fraude que supera los 61 millones de pesos que se cometió a través de la Comisión de Administración de Fondos para el Retiro.
“Habrá oportunidades procesales, como en cualquier proceso de orden penal, para que quienes están denunciado puedan defenderse con todas las garantías”.