La locura de la evaluación
HUGO ABOITES*
-LA JORNADA-AGOSTO-08-2015
En un país donde las percepciones con las que viven y crecen niños, jóvenes y
familias son de asesinatos reiterados, creciente pobreza, falta de empleo,
debilidad de la economía y desesperanza política, increíblemente las políticas
gubernamentales insisten en exacerbar aún más los ánimos y juegan a provocar
casi hasta el límite de lo tolerable. Es el caso de la evaluación masiva de
maestros y de aspirantes a la educación superior que añade, de manera
desproporcionada e innecesaria, una carga enorme de hostilidad y violencia
institucional.
En el caso del magisterio, si, como mostrábamos en la entrega anterior, es
perfectamente posible e incluso legal desplegar una iniciativa de evaluación
distinta, orientada directa y específicamente a mejorar las escuelas, ¿qué
sentido tiene ir construyendo con el discurso y los hechos la evaluación como
amenaza de desempleo o reubicación para cerca de un millón (la mitad del total)
de los maestros? Estimamos esa cifra porque en las recientes evaluaciones de
aspirantes a docentes de educación media y candidatos a promoción (que bien
pueden considerarse pruebas piloto) seis o siete de cada 10 han sido
descalificados como no idóneos.
La insistencia en evaluar para excluir sin duda agregará una carga enorme de
conflicto y crispación social, alentada por un discurso agresivo en el que ya ni
siquiera queda muy claro cuándo habla Mexicanos Primero o el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE). Por eso, la preocupación y creciente
indignación que recorre al magisterio del país. Igual que la que se provocaría
entre el empresariado cuando una campaña de proporciones y profundidad
semejantes fuera organizada por el gobierno y clases populares, con base en un
cambio constitucional y argumentando el bien nacional, para suprimir o desplazar
a otras actividades a un contingente igualmente importante de empresarios.
Del lado de los estudiantes que aspiran a llegar a la educación media o superior
las tasas son todavía más altas: hasta ocho o nueve jóvenes de cada 10 –en
instituciones de la ciudad de México– no ingresan a la educación superior. Y a
escala de país esto significa que más de siete millones quedan sin educación
superior. Por otra parte, en el caso de la educación media superior, a partir
del inicio de la evaluación masiva del Ceneval en la ciudad de México (1996) y
hasta la fecha, más de un millón de jóvenes interesados en estudiar el
bachillerato no llegó a inscribirse en un plantel. Estas proporciones tan altas
de exclusión se explican en el fondo no por razones académicas, sino de fuerza
política. En el conflicto de clases sociales en que se ha convertido el acceso
(estudiantes) y permanencia (maestros) en la educación, las tasas de exclusión
han estado directamente relacionadas con la fuerza política del sector
correspondiente. Si para los estudiantes –carentes de una organización nacional
y larga historia de resistencia– tasas aún más altas de exclusión han sido una
constante desde hace más de una década, es sólo en 2012-2013 que se intenta
imponer tasas similares y esto ha generado una muy importante resistencia.
Pese a estas diferencias, lo que es evidente es que la situación –agudizada por
sucesos como el de Ayotzinapa– está colocando a ambos sectores poco a poco en un
piso común de resistencia. Los estudiantes observan y analizan la resistencia
magisterial, y en momentos y lugares específicos puede ocurrir que estas luchas
no sólo coexistan, sino incluso se vinculen de manera directa. Entre esos
lugares destaca, sin duda, la ciudad de México, lugar de arribo de múltiples
conflictos magisteriales y estudiantiles. El hecho de que incluso los maestros
de educación media superior de las preparatorias del Gobierno del Distrito
Federal, junto con los del Colegio de Bachilleres, Conalep y otros, estén en la
mira de la evaluación punitiva plantea un contexto nuevo y mucho más tenso, pero
también uno donde si se da la oportunidad, los diversos actores pueden pensar y
generar propuestas nuevas e importantes, tanto en el terreno de las demandas
estudiantiles como de los docentes. En esa ruta, el primer gran paso
indispensable para unos y otros y para en general distender el clima en la
educación es abrir las puertas a un diálogo serio respecto de sus demandas. La
decisión que ha dado a conocer el Gobierno del Distrito Federal de intervenir de
manera expresa en la temática de los rechazados (aunque habrá que valorar las
iniciativas concretas) envía un mensaje de reconocimiento de un problema y con
ello contribuye a la discusión sobre el tema.
De todo esto se deriva la importancia de que se lleve a cabo la mesa de
discusión entre la Secretaría de Educación Pública e instituciones públicas con
los estudiantes rechazados, y entre Gobernación y el movimiento magisterial. Sin
diálogo real no habrá conducción política del conflicto, sólo la política de
contención y de represión, generada ahora por la locura de la evaluación. Y en
un país donde parece que pronto también siete de cada 10 mexicanos estarán en la
pobreza, esa es una opción cada vez menos aconsejable.
A Carmen Pineda, fallecida prematuramente, mujer excepcional, leal a la
Universidad y a sus amigos.
*Rector de la UACM